Sofocando el quinto poder

Las tormentas que arrecian en las Autopistas de la Información a raíz de los últimos acontecimientos, invitan a inquietantes reflexiones. Continuando en el tono fatalista – que no sensacionalista – de los últimos artículos escritos por Alejandro, me gustaría vaticinar algunas oscuras profecías que vendrán a cumplirse o no, o que de hecho se estén cumpliendo en este momento.

Internet, como tantas otras tecnologías, nació como un proyecto más o menos militar, y mucho después fue liberado para ser explotado y usado comercialmente por la población civil. Empezó como un medio virgen, una tierra de nadie virtual de la que muchos comenzaron a aprovecharse y, aquello que inicialmente parecía un servicio agregado de la telefonía, poco más útil que el fax o el buzón de voz, pronto se convirtió en un auténtico mercado con entidad propia del que participarían usuarios finales, servidores de aplicaciones, proveedores, etcétera. Naturalmente, se imponía la necesidad de unas reglas de juego, de una ley ecuánime y – más difícil aún – de un código moral.

De lo que trata esta novela es de conflictos de intereses comerciales y, en menor medida quizás, de la necesidad que tienen estos sistemas de ahogar unas voces que, desde los circuitos de la Web 2.0, amenazan su estabilidad. Jamás el ser humano había sido un animal tan político e involucrado como lo está siendo ahora.

En este punto surge un problema y que es el origen de toda preocupación: ¿es preferible que la red esté politizada o libre de intervencionismos? ¿En qué momento deja de estar politizada para estar mercantilizada por las propias empresas? ¿En qué momento dejan de ser mercados libres? En otras palabras, ¿es preferible que la controlen los gobiernos o las grandes corporaciones? ¿Existe alguna diferencia, realmente? Hasta ahora, el libre albedrío ha permitido que, gigantes corporativos como Microsoft o Google, se hagan con una buena porción del pastel  – algunos de sus ingredientes son también nuestros datos personales –  a costa de absorber el de otros más pequeños. Internet está siendo explotado por un cada vez más rígido oligopolio que deja de lado a los pequeños e impide la sana competencia.

Por otra parte, estas nuevas relaciones mercantiles están dando lugar a verdaderos conflictos con el acceso y disponibilidad de la propiedad intelectual, que han sido precisamente el contexto de encolerizadas polémicas como SOPA o el desmantelamiento de Megaupload.

A los propios gobiernos les ha resultado imposible negar que proyectos legislativos como Sinde en España y otros, han salido adelante gracias a las presiones de los mercados que han quedado al margen de Internet, o cuyos intereses entran en conflicto con los que ya están aquí. Un cambio en las tornas de los modelos de negocio para el que se están proponiendo soluciones, dicho sea de paso.

Detengámonos a pensar: a algunos no les parece bien que los gobiernos gestionen nuestros derechos en Internet; a otros, que el precio de esa libertad sea perder nuestra propia privacidad; el sector creativo no quiere perder su derecho a lucrarse de su obra; y por supuesto, otros no quieren perder su oportunidad de participar en el floreciente, pero cada vez más elitista mercado . Nada parece satisfacer a nadie, y ésto se debe a una disfunción de uno de los principios básicos de la política contemporánea: la separación de poderes. En el contexto de la red, claro. Ya sé lo que muchos estáis pensando: que la teoría del liberalismo social es preciosa, pero que en la realidad está teniendo poca aplicación práctica. Y así es.

Ejemplo de ello es que la política económica practicada en la mayoría de países de lo que llamamos mundo real – presuntamente liberal en cuanto a su relación con la economía -, ya está fuertemente mercantilizada y, en tanto que tal, gravemente condicionada por las deudas contraídas con ciertas corporaciones privadas, que son quienes manejan el cotarro a la postre. Aunque ésto ya forma parte de otra película…

Sea desde el punto de vista teórico o práctico, Internet ha quedado suspendido en una especie de limbo que no puede sostenerse por los principios clásicos del Estado Social. Estos fueron desarrollados gracias a la Ilustración, a partir del siglo XVIII, basados en una emergente industria y en un modelo de mercados que ya está dejando lugar a otros nuevos. La diferencia es que los nuevos implican enormemente a las personas – y sus relaciones sociales – como producto y también como moneda de cambio. Internet, como un apéndice para nuestras necesidades gregarias, ha permitido un intercambio de información o ideas más allá de las regulaciones de la ley. Hemos disfrutado de nuestros felices años veinte – que en este caso ha sido la primera década del segundo milenio – en los que apenas existía censura o trabas para la información compartida, algo que incluso ha servido para influir en el cambio de regímenes gubernamentales como en el caso de Egipto. ¡Y ya se habla de censurar Twitter a la legislación local! (aunque al menos, el resto del mundo seguiría teniendo libre acceso). Al igual que pasó en su momento con la prensa – el cuarto poder -, ya nos estamos enfrentando a un Internet gravemente politizado y manipulado. ¿Quién sabe? Puede que pronto veamos un partido político powered by Google. O puede que a estas alturas ni siquiera le haga falta.

Después de estas divagaciones inconexas sobre la trayectoria de Internet, que no son sino los miedos de un insignificante mortal que ha leído demasiado a George Orwell, me gustaría proponer como solución la creación de un organismo de arbitraje que actúe a nivel global:

– Que no esté controlado exclusivamente por los países de más peso político, económico y militar, como por ejemplo, el G8.

– Que supervise el cumplimiento de los principios éticos más fundamentales (respeto de la privacidad, de la libertad de expresión, etc), por parte de las empresas y de los usuarios.

– Debe ser imparcial en todos los sentidos, y no estar controlado, sino equilibrado, por la existencia de los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial).

– Que limite la capacidad de las empresas para monopolizar los servicios y los derechos sobre los usuarios, y que regule las relaciones comerciales con el objetivo de reducir el fraude, así como el blanqueo de dinero.

Por supuestísimo, harían falta muchas más restricciones cuyo estudio dejo a los especialistas de la materia. Plantear la constitución de un organismo semejante debe de ser, a estas alturas, una misión titánica. Especialmente, dada la heterogeneidad de políticas sobre la que está extendida la sociedad de la información, y más aún teniendo en cuenta aquellas que son más opresivas con sus ciudadanos.

Pero en caso de no lograr ciertas regulaciones de carácter crítico y universal, nos enfrentamos a la sustitución del Internet que conocíamos por un medio opaco, manipulador, inseguro y por tanto, inútil.